Viernes, Julio 28, 2017
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Caficultores están preocupados por sistema de seguridad y salud laboral

La resolución 1111 de 2017, con la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleados y contratantes, ya entró en vigencia. La norma buscaría abonar el terreno para que los empleadores cumplan con el desarrollo de las actividades requeridas por el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

 

Pero la norma no tiene contentos  a sectores como el cafetero, ya que pequeñas y medianas empresas y entidades o agremiaciones que contraten cualquier tipo de trabajador, en la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo deberán adaptar sus prácticas para minimizarle a sus trabajadores riesgos como la muerte o enfermedades asociadas al ejercicio de su labor.

La razón, que para  Julián Echeverri, caficultor de Manizales, no respondería a un desinterés en proteger a los trabajadores, estaría relacionada con la “imposibilidad de cumplir económicamente con los requerimientos del Ministerio del  Trabajo debido a la alta informalidad laboral del sector” y el bajo precio interno de referencia de la carga de café que en los últimos meses incluso ha llegado a $745.000.

Según Ligia Helena Borrero, directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), “gracias a la gestión del gremio se logró evitar que el Sistema entrará a regir a partir del primero  de junio  logrando acordar unos estándares mínimos” que son los que define la resolución. Estos dan un plazo a cada empleador para hacer una autoevaluación de sus condiciones, con el fin de ajustarse a la medida, y da un periodo de transición hasta 2019 para aplicar planes de mejoramiento.

Borrero también asegura que la realidad de la regulación en protección social es que “deja por fuera muchas realidades del campo, con poca oferta de protección social”.  Por eso, aunque la norma contempla que la FNC debe acompañar en este proceso a sus federados con  capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, preocupa el despliegue técnico y económico que se debe hacer para atender 550.000 caficultores con menos de diez hectáreas y 480.000 con menos de hectárea y media.

Pero para los dueños de las fincas, la preocupación supera el despliegue económico. La prevención estaría relacionada con el 90% de informalidad laboral que vive el sector. Ya que “actualmente los contratos se hacen de palabra,  los empleados trabajan en varias fincas y no están afiliados a seguridad social, ni ARL” como asegura Echeverri, lo que obligaría a muchos pequeños empresarios a aumentar el pago a sus  empleados con carga prestacional, lo que para el caficultor “sería imposible” teniendo en cuenta los bajos precios del producto.

Según Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “ya se han identificado  inflexibilidades de la norma en algunos contextos laborales lo que dificulta su implementación”. Este sería el caso del sector agropecuario ya que “no es igual adaptar barandales de seguridad en un cafetal ubicado en ladera que en cualquier oficina” replica Echeverri.

Por ahora la FNC seguirá gestionando recursos y buscando el apoyo de las ARL para iniciar  las capacitaciones que permitirán hacer las autoevaluaciones y planes de mejoramiento.

 

  • Por Katherin Alfonso
  • Editor de esta nota:
  • María Carolina Ramírez
 Publicado por la república
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